La lucha del ejido el Bajío se resume en gran medida en tres momentos: cuando ganaron la querella en México y un juez ordenó a la mina Dipolos dejar el territorio; cuando, a pesar de intentos de permanecer ilegalmente, las y los ejidatarios sacaron físicamente a los invasores, un periodo marcado por la violencia; y cuando de manera voluntaria declararon área natural protegida la totalidad de las tierras ejidales.
Hace algunas semanas ejidatarios y ejidatarias dieron algunos pasos en otra dirección: viajaron al Reino Unido para exponer lo sucedido ante parlamentarios que se debaten sobre legislar para que las empresas que guardan vínculos con el territorio compuesto por Inglaterra, Escocia , Gales e Irlanda del Norte se vean obligadas a rendir cuentas.
De aprobarse la iniciativa, dueños y accionistas de empresas responsables de la destrucción del ecosistema y la violencia contra defensores del territorio, tal como Fresnillo PLC, verían consecuencias que podrían llegar al encarcelamiento.
Está vía, aunque aledaña a la defensa del territorio, y de un tono auxiliar, se camina mientras en México el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una lógica ya conocida en el país respecto a las áreas naturales protegidas: el 2025 llegará con una caída presupuestal que lejos de aportar, dificulta las tareas de conservación de flora y fauna.
De esto hablamos con Jesús Javier Thomas, presidente ejidal de El Bajío y quien realizó el viaje a través del océano Atlántico el pasado mes de noviembre.
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